Al hilo de las últimas noticias en España relacionadas con el cambio de Gobierno, en las cuales se destaca el gran alcance de la renovación de cargos dentro de la Administración del Estado, empresas estatales y aumento del número de puestos de confianza, la aparición de un estudio realizado por la OCDE sobre el nivel de politización de las administraciones en el mundo supone una bofetada de realidad en toda regla.
Por cierto, y como no podía ser de otra manera, la Administración Pública más despolitizada del mundo es la canadiense.
El artículo completo, que puede leerse en Expansión.com aquí, detalla que, al otro lado de la lista, España es, junto con Turquía y Chile, los países que más movimientos de cargos realizan tras un cambio de gobierno.
En el último cambio de gobierno protagonizado por Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista, han sido más de 1.000 los altos cargos de la Administración y de Empresas Públicas que han dejado su puesto a nuevos responsables nombrados directamente por el nuevo Presidente del Gobierno. Cambios que, debido a su limitada repercusión mediática, parece que no provocan preocupación ni alarma en la opinión pública española, acostumbrada a ellos desde tiempos de Benito Pérez Galdós.
Sin embargo, esta no es la regla habitual en el resto de los países de la OCDE, según se destaca en el informe de la Institución del año 2017: "Government at a Glance 2017".
En países de gran tradición democrática y a los que ponemos, con toda la razón, como modelos de democracia, libertad y administración eficiente como Canadá, Holanda o Japón, los cambios "de confianza" en las altas responsabilidades de la Administración se reducen al mínimo o son inexistentes. El intervencionismo en España supone que se sustituye a casi el 100% de los directores y subdirectores generales (lo que la OCDE califica como senior management D2), lo que nos pone, incluso, por debajo de países de larga tradición intervencionista de Europa del Este como Polonia o Hungría.
El impacto que suponen cambios tan profundos y "arbitrarios" (al ser cargos nombrados "a dedo"), según el informe de la OCDE, son profundos, ya que estas prácticas pueden "minar la profesionalidad de los empleados públicos", que se ven obligados a apostar por un "bando" para progresar en su carrera profesional. Además, el hecho de que los cargos de responsabilidad se sustituyan con cada cambio en el Gobierno hace que no exista "la estabilidad en la gestión necesaria para implantar y supervisar las reformas a largo plazo".
Para tratar de atajar este problema, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) defiende la creación de un Estatuto del Directivo Público que reduzca la influencia política en el nombramiento de estos altos cargos, blindando, al menos, hasta los directores generales. Su presidente, Jordi Solé Estalella, apela a los ciudadanos para "llevar a la conciencia de los políticos" los efectos negativos de esta politización del sector público.
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